El pluralismo nacional en serio

Este artículo se publicó el 28 de diciembre de 2016 en CTXT

     La palabra “plurinacionalidad” se ha visto pasar con cierta frecuencia en los debates y discursos políticos estos últimos años. También en los medios de comunicación. Podemos la usa y defiende. El PSC, con su apuesta federal, igualmente. De manera general, los ciudadanos, en unos territorios más que en otros, parecen admitir que en España algo hay de eso. Los intelectuales progresistas ya no digamos. Desde posiciones quizás más moderadas la expresión puede adoptar aún otro matiz (“nación de naciones”, las “nacionalidades” del artículo 2 de la Constitución), más cultural probablemente. Permítanme compartir con ustedes la impresión de un estudioso de esta cuestión: no se está hablando en serio de pluralismo nacional.      

Tomarse el pluralismo nacional en serio no implica adoptar una posición ideológica (favorable las más de las veces) ante él. Tampoco “ponerse serio” (posición seguramente desfavorable). Lo único que ha de suponer es un esfuerzo en aras de entender si y cuándo una sociedad organizada de manera clásica (en forma de Estado) tiene o no este problema que es el pluralismo nacional. Y ha de entenderse como un problema desde el momento en que su existencia produce ciertas perturbaciones o disfunciones en el orden jurídico-político establecido, como ocurre en España, dando pie asimismo a que de él se hagan cargo los medios de comunicación, los partidos políticos, etc.

Tendríamos aquí en realidad dos preguntas diferentes: una sobre la existencia del pluralismo nacional en nuestras democracias nacionales; la otra, una vez constatada su existencia (si se constata), sobre el trato que ha de recibir: ¿qué hacer con él? No entraré en la segunda cuestión. Me interesa más la primera, en parte porque en vano se reflexionará sobre la segunda sin haber antes resuelto adecuadamente el primer problema, de diagnóstico: ¿Hay pluralismo nacional en España? ¿Cómo debemos entenderlo? Trataré de responder a estas dos preguntas.

La ausencia del pluralismo nacional como objeto de preocupación y de reflexión en sociedades como la francesa, la alemana o la estadounidense puede entenderse ya como un indicador claro de que no hay en ellas pluralismo nacional. Hay, sí, una gran diversidad cultural (sub-cultural, de perspectiva y comunal, por decirlo con B. Parekh), pero dicha diversidad no cuestiona de ninguna manera el marco nacional común de convivencia. Lo que busca más bien es modificar en él aspectos problemáticos, como sería el caso, entre los ejemplos que propone Parekh, de los ecologistas que luchan contra “el prejuicio antropocéntrico y tecnocrático”, o el feminismo, que hace lo propio contra el prejuicio patriarcal. Ocurre lo mismo con la diversidad étnica o religiosa producto de los importantes movimientos migratorios. Las reivindicaciones de las minorías étnicas o religiosas no cuestionan el marco de convivencia nacional en el que viven sino que buscan hacerlo más hospitalario y abierto a sus propios valores y creencias. Ejemplos de esto, entre muchos otros, serían las demandas especiales relativas al código vestimentario en la función pública (el pañuelo para las mujeres musulmanas, por ejemplo) o al menú en los comedores escolares.  

Tampoco la existencia de diversas nacionalidades (individuales), como en ocasiones parece indicarse, hace que una sociedad sea plurinacional. El hecho de que yo sea español y resida en Francia no hace que la sociedad en la que vivo sea plurinacional. Sus ciudadanos y residentes pueden tener –y de hecho tienen– diferentes nacionalidades sin que esto suponga el más mínimo problema para la comunidad política nacional en la que viven. La multiplicidad de nacionalidades no es pues un problema.

Este tipo de diversidad de la que hablo, generada principalmente por la inmigración, no ha de confundirse con el pluralismo nacional, y de hecho los estudiosos tendemos a diferenciarlas. La primera puede enmarcarse en aquello que Kymlicka llama “polietnicidad”, de la que resultan de hecho demandas de reconocimiento y problemas que poco o nada tienen que ver con los que produce el segundo. A diferencia de la polietnicidad, el pluralismo nacional no sólo cuestiona el marco general de la comunidad política nacional, en el sentido de buscar pluralizarla nacionalmente, sino que puede llegar incluso a cuestionarla como marco legítimo para la convivencia democrática, y a proponer otro marco nacional en sustitución. Problema, éste, que lleva arrastrando España desde hace algún tiempo.

No parece pues dudoso que España tenga pluralismo nacional en el sentido indicado. Ahora bien, para entender esto cabalmente importa dar un paso más e identificar bien los elementos del problema (ya se ha indicado que el pluralismo nacional se percibe como un problema en nuestras democracias mononacionales) a fin de evitar confusiones que dificulten o impidan su resolución en la práctica, si tal es lo que se desea. Puede en efecto observarse con cierta frecuencia cómo se proponen soluciones inadaptadas al problema desde posiciones que dicen ser o parecen favorables a una forma de acomodación del pluralismo nacional. Pasa esto, por ejemplo, con ciertas propuestas de reforma federal de la Constitución (Granada) en las que, con todo, cuesta ver cuáles son las diferentes “naciones” (mejor: nacionalismos) en ese contexto de pluralismo conflictivo. Y esto es muy sorprendente, ya que si se toma el pluralismo nacional en serio, debiera ser muy fácil identificar las partes problemáticas de una eventual ecuación reformista. Veamos.

Creo que puede afrontarse esta cuestión de al menos dos maneras diferentes. Como se verá, las dos llevan a la misma conclusión.

La primera de ellas, más pragmática, consiste en tratar de identificar los elementos conflictivos del contexto político examinado. Podría así preguntarse: ¿Es Galicia, o Andalucía, o Valencia, la que genera el problema de pluralismo nacional en el contexto español? Dicho de otra manera: ¿plantea alguna de esas CCAA un problema nacional? La respuesta es no. No ha habido ni hay en Galicia, Andalucía o Valencia un movimiento político nacionalista suficientemente fuerte que cuestione el carácter monista en lo nacional del Estado español y su reparto del poder. Algunas voces lo hacen sin duda en dichos territorios, mas se trata de voces tan marginales que, en realidad, dicho cuestionamiento no llega a ser un problema para el marco nacional de convivencia. ¿Cuáles son los elementos problemáticos en el contexto español? Con claridad se ve que son el País Vasco y Cataluña desde hace ya mucho tiempo. Trate el lector de imaginar una España sin el País Vasco y Cataluña y verá que los quebraderos de cabeza nacionales no tendrían ya razón de ser.

La segunda manera de ver esto es más teórica y trata de aplicar al caso español las conclusiones del trabajo llevado a cabo por los estudiosos del nacionalismo. Resumiendo mucho (véase por ejemplo Dioses útiles de Alvarez Junco), la literatura académica especializada nos enseña que en vano trataremos de contar “naciones” si lo que queremos es ver las partes en conflicto en ese contexto de pluralismo nacional, principalmente porque las naciones no son realidades empíricas fácil y pacíficamente reconocibles u objetivables (como un árbol), sino realidades imaginadas (B. Anderson), como los dioses (A. Junco). Para que una nación exista es preciso que se crea en ella, y para eso están los nacionalismos. El árbol esto no lo necesita.

Ahora bien, si es cierto que basta con que un puñado de personas esté de acuerdo en decir que la nación X (pongamos la andaluza) existe para que exista (para ellos), esto no es suficiente a la hora de considerarla comunidad nacional parte en el contexto democrático en el que preguntamos por las naciones del pluralismo nacional constatado. Y es que también sabemos que si las naciones pueden existir sólo para un puñado de personas, esas pocas personas que creen en su nación no tienen democráticamente peso suficiente para imponerles al resto de sus conciudadanos su creencia. Cosa diferente ocurre cuando una mayoría de ciudadanos territorialmente concentrada piensa lo mismo y lo expresa políticamente de manera constante y dilatada en el tiempo: aquí esta mayoría tiene la legitimidad democrática para pretender imponer “su nación” al resto de conciudadanos en su territorio que le faltaba a aquélla. Es lo que diferencia con claridad a Andalucía o a Galicia del País Vasco o Cataluña: en los primeros domina la creencia en la nación española, no así en los segundos.

Pues bien, tratemos de hacer cuentas a modo de conclusión. ¿Cuáles son los territorios en los que encontramos en España nacionalismos mayoritarios (naciones con mayoría de “creyentes”)? Claramente se aprecia una mayoría nacionalista en el País Vasco y en Cataluña, en donde el nacionalismo vasco y catalán ha gobernado prácticamente sin interrupción desde las primeras elecciones de la democracia. En el resto de territorios de España, lo que se observa es que el nacionalismo español domina sin apenas resistencia. No parece pues que haya muchas vueltas que darle. El pluralismo nacional es cosa de nacionalismos, no de naciones, y en España son tres: el español, el vasco y el catalán.    

El referéndum y sus adversarios catalanes. ¿Qué fue de la autonomía?

Esta es la versión en castellano del texto que amablemente me publicaron ayer en Vilaweb. La traducción en catalán puede leerse pinchando en este enlace 

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Aceptando el riesgo que conllevan las predicciones, es posible ya adelantar que o bien no habrá referéndum en 2017 (o en 2018) o bien éste no servirá para lo que se supone que ha de servir: resolver de una vez el conflicto que opone en Cataluña a los soberanistas y a los unionistas a fin y efecto de decidir el futuro político de los catalanes. Para que fuese así, tendría ese referéndum que contar con un apoyo amplio de los partidos políticos catalanes y de la sociedad civil. Y esto es lo que falla, sobre todo por parte de los partidos políticos que rechazan la organización de un referéndum unilateral (CSQEP/Comunes, PSC, C’s, PP). Subrayemos el “sobre todo” pues es hasta probable que la sociedad civil tenga ante el problema una posición más pragmática, esto es, más preocupada por que el problema pueda resolverse a corto plazo. Y si el referéndum unilateral puede hacerlo -podrían quizás preguntarse muy mayoritariamente los catalanes-, ¿por qué no, a fin de cuentas? Por eso importa poner el foco en los partidos políticos catalanes que obstaculizan esta vía de solución al problema.

Debe quedar claro algo que ha hecho ya correr demasiada tinta. Es cierto: lo más probable es que el Estado español no acepte a corto o medio plazo negociar un referéndum de independencia como el escocés, y, de este modo, como tampoco aceptará interpretar las normas jurídicas de las que ya dispone el ordenamiento jurídico español para llevar a cabo la mencionada consulta, el referéndum será ilegal. Pues bien, habría que preguntar: ¿Y? Es cierto, el referéndum sería ilegal, pero, ¿alguien piensa realmente que un referéndum de independencia apoyado por todos, o casi todos, los partidos políticos catalanes, y con una amplia participación, podría ser parado o ignorado por el Gobierno español? ¿En serio? Yo creo que no. Es más, creo que el Estado español lo primero que haría sería sacar del armario a su mejor negociador para poder realizarlo de manera pactada y poder así meter baza en esa consulta. Por lo demás, una intervención por la fuerza, en contra de la voluntad expresada por todos o casi todos los partidos políticos catalanes (si se diese el caso), sería un desastre, una vergüenza para el Estado español. Es por ello una opción que parece descartable.

Si se entiende esto, lo que de ello se desprende es que, en contra de lo que se ha venido diciendo y pensando estos últimos años, la llave del conflicto en estos momentos no la tiene el Estado español (por supuesto que la tiene, si la quisiera usar), sino los políticos catalanes en su conjunto. Van ya 30 años largos de luchas constantes por profundizar la autonomía territorial de los catalanes, quejas en todos los ámbitos posibles e inimaginables, que lo que han hecho y hacen es denunciar (con mayor o menor razón, es lo de menos) los abusos del Gobierno español. No hay un solo partido político catalán con representación en el Parlament, ni uno solo, que no gesticule o se llene la boca con la defensa de la autonomía política: unos, financiación, otros, lengua catalana, otros, infraestructuras, etc. Y hete aquí que cuando surge la mayor crisis política que ha tenido Cataluña desde 1978, y el Estado español decide no hacer lo necesario para resolverla (pudiendo y teniendo medios para hacerlo), en vez de recurrir todos los partidos políticos a ese codiciado instrumento que es la autonomía política de la que disponen con el fin de resolver ese problema de manera autónoma, sin la tutela del Estado español, algunos de ellos prefieren mirar hacia la capital del Estado en busca de alguna señal que les sirva de guía en vez de resolverlo como adultos, esto es, de manera autónoma.

Se me dirá, que ese referéndum seguiría siendo ilegal, que no tendría entonces efectos jurídicos, etc. Pero esto es engañarse y querer engañar a la gente. Si no tiene efectos jurídicos, razón de más para que se pueda hacer y para que su prohibición por parte del Estado resulte desproporcionada e incluso absurda. Mas, preguntémonos algo: si realmente los partidos políticos catalanes aceptaran resolver de una vez por todas el problema (lo que a lo mejor ellos no desean, pero los ciudadanos probablemente sí) mediante un referéndum, ¿quién puede pensar que ese referéndum no tendría ningún efecto ni consecuencias? Los partidos políticos catalanes que niegan a los ciudadanos ese referéndum deberían reflexionar sobre el significado de la autonomía política y su compromiso con ella, sobre la necesidad de que los políticos aporten soluciones a los problemas, sobre todo cuando éstas están en sus manos. Es muy fácil acusar a un Gobierno catalán que legítimamente (porque democráticamente) arrastra a la sociedad catalana a ese choque de trenes que tanto invocan y nunca llega (¿puede haberlo? ¿son trenes del mismo tamaño?), y a un Gobierno español que legítimamente (porque democráticamente) arrastra a la sociedad española en su conjunto a un conflicto que no puede ser más que contraproducente, pero ¿por qué acusar a nadie cuando se tiene la solución en sus manos? ¿No sería más responsable y cívico dejar que fuesen los catalanes quienes expresasen de manera autónoma su voluntad respecto del futuro político de Cataluña, apoyando y reforzando un referéndum de independencia? Si los partidos políticos catalanes que rechazan el referéndum unilateral no lo entienden así, ¿con qué cara van a poder defender mañana la autonomía política de los catalanes si no han sido capaces de recurrir a su autonomía y consultarlos ante la peor crisis política de su historia en democracia?