Artículo publicado en VilaWeb en versión catalana a partir de la traducción al castellano que se presenta aquí. Con mi agradecimiento a Pepe por la traducción
Texto traducido del francés por Pepe Ventura
Córcega no es
Nueva Caledonia. Muy bien. Más aún, son muy distintas. Tan distintas que una
puede separarse de la República Francesa (se prevé un referéndum sobre la
independencia este año), pero la otra no. ¿Cómo se puede justificar este trato
desigual? Huelga decir que la respuesta jurídica ya la conocemos. El Derecho
Internacional otorga a los pueblos colonizados el derecho a disponer de sí
mismos, precepto que se ha integrado en la Constitución de la V República gala.
Sin embargo, en este choque entre la agenda política corsa (autonomista) y neocaledonia
(referéndum sobre la independencia), lo que me ha llamado la atención es más
bien la cuestión de los fundamentos democráticos y morales de la citada
respuesta: ¿qué razón debe llevarnos a pensar que lo democráticamente legítimo
en un caso no lo es en el otro? Para comprender que nos enfrentamos a una
contradicción, debemos recurrir a la concepción de nación que veneramos en
democracia; esto es, la concepción liberal, también denominada “cívica”.
Corresponde a
Renan, mil veces citado y nombrado cuando se habla de nación, el honor de haber
encontrado un fundamento democrático y voluntarista (el consentimiento) para la
inscripción nacional, en contraste con sus fundamentos étnicos o culturales.
Como recordarán, Renan sostenía (no sin cierto oportunismo, no cabe duda) que
la inscripción nacional de Alsacia y Lorena, territorios de cultura alemana,
debía basarse en la voluntad de su población. Ambas regiones tenían que poder
decidir su inscripción nacional, dado que en democracia debe prevalecer la
voluntad de los ciudadanos. En este argumento reconocemos, pues, la concepción
de nación que tanto valoramos en las democracias liberales. En todo caso, ¿qué constatamos
al tratar de comparar la actitud de la República Francesa frente a las
reivindicaciones neocaledonias, por un lado, y las corsas, por otro?
Por una parte,
la República muestra su faceta más liberal y democrática en la gestión de las
reivindicaciones neocaledonias. Los habitantes de Nueva Caledonia desean ser
dueños de sí mismos y no se les puede mantener ligados a la República contra su
voluntad: en consecuencia, se efectúa una consulta por referéndum que debería de
permitir a la población concernida expresar su apego a la nación francesa o
bien su voluntad de crear un Estado independiente. Hasta aquí, todo responde a
la recta lógica liberal de la concepción cívica o voluntarista de la nación.
Por otra parte,
la República Francesa muestra su lado más rígido ante las reivindicaciones
corsas. Como recordaba Manuel Valls, hoy los nacionalistas piden la
cooficialidad del francés y el corso, pero “dentro de 15 años, se considerarán con
derecho a pedir una consulta sobre la independencia”. En buena lógica
democrática, podríamos preguntarnos: ¿y qué? Es más, ¿por qué lo aceptable en
un caso (Nueva Caledonia) no lo es en el otro (Córcega)? ¿Por qué la voluntad
de la población afectada debe ser escuchada en un caso y no en el otro? Déjenme
insistir: lo que me interesa no es la respuesta jurídica antes citada, sino los
pilares políticos, ideológicos o morales que fundamentan este trato jurídico
diferenciado. Porque, bien mirado, alguna mente maliciosa podría pensar que lo
que se esconde detrás de esta actitud no tiene nada de liberal ni de Renan,
sino que se remontaría más bien a los fundamentos étnicos de la inscripción
nacional: a una población geográficamente alejada de Francia, cuya composición
y costumbres se consideran diferentes, se le podría otorgar el derecho a
expresar democráticamente su deseo de organizarse como Estado separado; pero a
una población más próxima en términos geográficos y cuya composición y costumbres
se consideran plenamente francesas (una vez más, según Manuel Valls, “¡Córcega
no es Nueva Caledonia! Córcega es una isla mediterránea y profundamente
francesa”; ¿podríamos deducir, pues, que Nueva Caledonia es menos francesa?) no
tendría derecho a manifestarse sobre su inscripción nacional.
Podemos darle a
esta cuestión todas las vueltas que queramos y buscar en el refugio jurídico
(el Derecho Internacional y la Constitución francesa) todas las excusas que
queramos. Sin embargo, si la voluntad de los pueblos que componen una nación no
se tiene en cuenta sistemáticamente cuando surgen reivindicaciones
nacionalistas o independentistas, hay que denunciar la concepción cívica o
liberal de la nación como un fraude y subrayar la contradicción democrática
siguiente: los pueblos se pueden autodeterminar en virtud de su perfil étnico
diferenciado (o así considerado), pero no pueden hacerlo si su voluntad de
autodeterminación no tiene una base étnica. Una contradicción insoportable.
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