Uno de los problemas del federalismo en los últimos tiempos, a mi modo de
ver uno de los más agudos, tiene que ver con la credibilidad de su discurso. Es
un problema que afecta tanto al discurso que se presenta como científico, en
los textos y columnas de los académicos o intelectuales federalistas, como al
discurso político federalista. En ambos casos, sea descriptivo o prescriptivo, el
discurso pretende que lo que afirma es cierto, que es ajustado a la realidad
observada (descripción) o a la realidad prometida o proyectada (prescripción). Decir
que el éxito o fracaso del discurso (como proyecto que busca convencer) no
depende de su mayor o menor grado de verosimilitud o credibilidad es decir una
perogrullada. Si los electores votaran por proyectos políticos en función del
respeto de los programas, de su realización posible, de la responsabilidad y
buen gobierno, etc., el PP y el PSOE (CiU y PNV también) habrían gobernado
mucho menos de lo que lo han hecho. Mas que esto sea así no es excusa para no
valorar los diferentes discursos, científicos y políticos, atendiendo a su
mayor o menor seriedad y credibilidad. Y por más que nuestro comportamiento
electoral se empeñe en premiar la irresponsabilidad, la corrupción, etc., no
habrá dificultad –creo- en convenir que un proyecto o discurso serio y honesto,
atento a las condiciones de posibilidad de su realización, en otras palabras,
que no busque engañar, es digno de mayor consideración que un proyecto o
discurso plagado de sofismas o de promesas vanas. Pues bien, en esta trampa ha
caído el discurso federalista.
Me gustaría proponer como única ilustración la actitud de los
autodenominados federalistas[1] en
el complejo y polémico debate territorial español, centrado en la consulta
catalana y el llamado derecho a decidir. El proyecto federalista se postula
como solución al llamado problema catalán, y debería traducirse por un buen
encaje de Cataluña en una estructura federal española. Es lo que promete o
anuncia el discurso federalista. Por “buen encaje” podemos entender toda
propuesta capaz de convencer al nacionalismo catalán (mayoritario y plural en
Cataluña) de abandonar el proyecto de independencia. Para ello, dicho encaje
debería garantizar, como mínimo, una profundización y consolidación del
autogobierno en general, y de manera más concreta en ámbitos sensibles, como
lengua, cultura y educación, o la financiación de las políticas públicas. Es
algo, por lo demás, que el discurso federalista asume en mayor o menor medida.
No entro en los detalles y diferencias que encontramos entre las diversas
propuestas, irrelevantes para lo que aquí quiero explicar. Digamos que no hay
nada extraño hasta el momento. Se trata de un proyecto o discurso que, bajo
ciertas condiciones, podría dar una respuesta adecuada al problema examinado.
Lo realmente sorprendente de este discurso, que defiende con vigor cosas
como la obsolescencia del Estado nación, la soberanía o las fronteras, es que
se realice a espaldas de la realidad supra-estatal en la que España y el resto
de Estados miembros de la UE se encuentran, de alguna manera como si fueran
esferas separadas estancas, y haciendo como si lo que se hace o propone en una
de ellas no tuviera consecuencias sobre la otra. Esto se ve con meridiana
claridad cuando el discurso federalista defiende, como lo hace, la evolución de
la UE hacia un Estado federal. Aquí, si se conoce la historia del federalismo,
con su marcada tendencia a la centralización de recursos y la homogeneización
del orden jurídico y el sistema de valores, y si no se ignora tampoco la
política ultra-liberal implementada por la UE en los últimos años, no se puede
dejar de observar una contradicción evidente entre el proyecto federalista para
el Estado federal miembro (y sus dos niveles de gobierno, Estado central y
CCAA) y el proyecto federalista para la estructura federativa (europea) en que
dicho Estado federal miembro se encuentra. Los dos, al mismo tiempo, no pueden
ser ciertos, es decir realizables.
Si la UE evoluciona hacia un Estado federal, como los “federalistas”
españoles lo desean y presentan como evolución federal natural y lógica, eso
supondría indiscutiblemente una pérdida de poder de decisión (autogobierno)
tanto para el Estado federal miembro (España o gobierno central en nuestro
caso) como, sobre todo, para sus unidades federadas (Cataluña). Es lo que tiene
el reparto de competencias: cuando uno gana, el otro pierde. Si esto ya ha
ocurrido en nuestra historia cuando el reparto se hacía entre dos niveles de
gobierno (nivel federal y nivel federado), podemos entender sin dificultad que
un reparto entre tres niveles de gobierno (Estado central europeo, Estado central
español, unidades federadas del Estado federal español) ha de conllevar
parcelas de poder menores para las unidades territoriales que ceden poder al
Estado federal europeo. Primero, porque se reparte lo mismo entre más actores
(3 en vez de 2); segundo, porque lo que se reparte (poder) “pertenece” a dos de
ellos (Estado nación y sus unidades territoriales) en provecho de un tercero.
Por consiguiente, defender un Estado federal europeo es incompatible con la
defensa de un proyecto federalista que suponga un buen encaje para Cataluña (en
el sentido antes indicado), pues ésta se encontraría rápidamente en peor
situación de autogobierno que en la actualidad. Se puede defender un Estado
federal europeo, pero no pretender que el nacionalismo catalán (mayoritario y
plural) encontrará en él un buen encaje a sus pretensiones, o que las unidades subestatales actuales no verán afectado su nivel de autogobierno. En realidad, si
pensamos en un federalismo pensado para la democracia (para el marco
territorial histórico de la democracia: el Estado nación), el discurso
federalista encontraría la coherencia y la credibilidad perdidas afirmado o
defendiendo: o bien (1) su proyecto federal para España, pero con una UE más o
menos como está; o bien (2) su proyecto federal para Europa, con Cataluña
entonces libre de permanecer en España, como subunidad territorial empobrecida
en materia de autogobierno, o como Estado miembro (independiente) de la UE.
[1]
Entre ellos, PSC y PSOE, por parte de los partidos políticos, y Federalistes d’Esquerres
y otros autores, vinculados o no con esta asociación, que comparten una misma
posición sobre el tema, por parte del discurso que se pretende científico.
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