Esta es la versión en castellano del texto que amablemente me publicaron ayer en Vilaweb. La traducción en catalán puede leerse pinchando en este enlace
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Aceptando el riesgo que
conllevan las predicciones, es posible ya adelantar que o bien no habrá
referéndum en 2017 (o en 2018) o bien éste no servirá para lo que se supone que
ha de servir: resolver de una vez el conflicto que opone en Cataluña a los
soberanistas y a los unionistas a fin y efecto de decidir el futuro político de
los catalanes. Para que fuese así, tendría ese referéndum que contar con un
apoyo amplio de los partidos políticos catalanes y de la sociedad civil. Y esto
es lo que falla, sobre todo por parte de los partidos políticos que rechazan la
organización de un referéndum unilateral (CSQEP/Comunes, PSC, C’s, PP).
Subrayemos el “sobre todo” pues es hasta probable que la sociedad civil tenga
ante el problema una posición más pragmática, esto es, más preocupada por que
el problema pueda resolverse a corto plazo. Y si el referéndum unilateral puede
hacerlo -podrían quizás preguntarse muy mayoritariamente los catalanes-, ¿por
qué no, a fin de cuentas? Por eso importa poner el foco en los partidos
políticos catalanes que obstaculizan esta vía de solución al problema.
Debe quedar claro algo que ha hecho ya correr demasiada
tinta. Es cierto: lo más probable es que el Estado español no acepte a corto o
medio plazo negociar un referéndum de independencia como el escocés, y, de este
modo, como tampoco aceptará interpretar las normas jurídicas de las que ya
dispone el ordenamiento jurídico español para llevar a cabo la mencionada
consulta, el referéndum será ilegal. Pues bien, habría que preguntar: ¿Y? Es
cierto, el referéndum sería ilegal, pero, ¿alguien piensa realmente que un
referéndum de independencia apoyado por todos, o casi todos, los partidos
políticos catalanes, y con una amplia participación, podría ser parado o
ignorado por el Gobierno español? ¿En serio? Yo creo que no. Es más, creo que
el Estado español lo primero que haría sería sacar del armario a su mejor
negociador para poder realizarlo de manera pactada y poder así meter baza en
esa consulta. Por lo demás, una intervención por la fuerza, en contra de la
voluntad expresada por todos o casi todos los partidos políticos catalanes (si
se diese el caso), sería un desastre, una vergüenza para el Estado español. Es
por ello una opción que parece descartable.
Si se entiende esto, lo que de ello se desprende es que,
en contra de lo que se ha venido diciendo y pensando estos últimos años, la
llave del conflicto en estos momentos no la tiene el Estado español (por
supuesto que la tiene, si la quisiera usar), sino los políticos catalanes en su
conjunto. Van ya 30 años largos de luchas constantes por profundizar la autonomía
territorial de los catalanes, quejas en todos los ámbitos posibles e
inimaginables, que lo que han hecho y hacen es denunciar (con mayor o menor
razón, es lo de menos) los abusos del Gobierno español. No hay un solo partido
político catalán con representación en el Parlament,
ni uno solo, que no gesticule o se llene la boca con la defensa de la autonomía
política: unos, financiación, otros, lengua catalana, otros, infraestructuras,
etc. Y hete aquí que cuando surge la mayor crisis política que ha tenido
Cataluña desde 1978, y el Estado español decide no hacer lo necesario para
resolverla (pudiendo y teniendo medios para hacerlo), en vez de recurrir todos
los partidos políticos a ese codiciado instrumento que es la autonomía política
de la que disponen con el fin de resolver ese problema de manera autónoma, sin
la tutela del Estado español, algunos de ellos prefieren mirar hacia la capital
del Estado en busca de alguna señal que les sirva de guía en vez de resolverlo
como adultos, esto es, de manera autónoma.
Se me dirá, que ese referéndum seguiría siendo ilegal,
que no tendría entonces efectos jurídicos, etc. Pero esto es engañarse y querer
engañar a la gente. Si no tiene efectos jurídicos, razón de más para que se
pueda hacer y para que su prohibición por parte del Estado resulte
desproporcionada e incluso absurda. Mas, preguntémonos algo: si realmente los
partidos políticos catalanes aceptaran resolver de una vez por todas el
problema (lo que a lo mejor ellos no desean, pero los ciudadanos probablemente
sí) mediante un referéndum, ¿quién puede pensar que ese referéndum no tendría
ningún efecto ni consecuencias? Los partidos políticos catalanes que niegan a
los ciudadanos ese referéndum deberían reflexionar sobre el significado de la
autonomía política y su compromiso con ella, sobre la necesidad de que los
políticos aporten soluciones a los problemas, sobre todo cuando éstas están en
sus manos. Es muy fácil acusar a un Gobierno catalán que legítimamente (porque
democráticamente) arrastra a la sociedad catalana a ese choque de trenes que
tanto invocan y nunca llega (¿puede haberlo? ¿son trenes del mismo tamaño?), y
a un Gobierno español que legítimamente (porque democráticamente) arrastra a la
sociedad española en su conjunto a un conflicto que no puede ser más que
contraproducente, pero ¿por qué acusar a nadie cuando se tiene la solución en
sus manos? ¿No sería más responsable y cívico dejar que fuesen los catalanes
quienes expresasen de manera autónoma su voluntad respecto del futuro político
de Cataluña, apoyando y reforzando un referéndum de independencia? Si los
partidos políticos catalanes que rechazan el referéndum unilateral no lo
entienden así, ¿con qué cara van a poder defender mañana la autonomía política
de los catalanes si no han sido capaces de recurrir a su autonomía y
consultarlos ante la peor crisis política de su historia en democracia?
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